Participación ciudadana y acceso al conocimiento

Los intereses de los ciudadanos definen el camino por el que se va a desarrollar la sociedad. Esto es algo bastante inmediato de ver. Por ejemplo, la necesidad de unas condiciones laborales dignas en la Segunda Revolución Industrial despertó en los ciudadanos un interés por defender los derechos de los trabajadores, lo cual desembocó en huelgas y en la consecuente crecida de los derechos que querían mejorar. Con el conocimiento pasa lo mismo. Si la ciudadanía no está interesada en adquirir conocimiento, es evidente que no se van a destinar recursos a satisfacer una demanda que no existe. ¿Quiere decir esto que solo debemos dar acceso a la ciudadanía a lo que se pide? Bien, aquí se podría abrir un debate filosófico acerca de una cantidad considerable de cuestiones (¿sabe la ciudadanía lo que quiere?¿se le debería proporcionar desde el estado, si así lo desea la ciudadanía, acceso a bienes y servicios que claramente perjudican a las personas? y un largo etc.). Me limitaré, por lo tanto, a dar mi humilde opinión: existe un deber moral por parte de aquellos que sí valoran el saber y por parte de los que se encargan de asegurar el bienestar de la ciudadanía de garantizar el acceso al conocimiento. 

Promover ciertas medidas (en este caso el acceso al conocimiento) y el interés del ciudadano son dos factores que se retroalimentan. En la medida que uno sube, el otro también lo hace. Así, si se impulsa el acceso al conocimiento y se muestran los beneficios que tiene el saber más, habrá un aumento del interés hacia ello y, junto con este aumento, un incremento de las exigencias para que se invierta más en lo mismo.

Todo esto en lo que respecta a la parte de la ciudadanía que no está interesada y a la influencia política que tienen las demandas del pueblo. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que sí están interesados? Encontramos numerosos casos en los que la desigualdad económica hace que cierta cantidad de la población tenga mayor acceso que el resto al conocimiento. Ejemplo de ello lo vemos en lo que influye el poder adquisitivo a la hora de sacarse una carrera o desempeñar una función laboral (claro ejemplo son los costes de publicación de descubrimientos en las revistas científicas). El promover un acceso justo al conocimiento mejoraría notablemente este tipo de situaciones, lo cual derivaría no solo en un aumento de la productividad sino también en una mejora del bienestar social. 

En definitiva, incentivar la participación ciudadana en actividades culturales y promover el acceso al conocimiento son dos acciones que inevitablemente van a influir uno en el otro y que, sin duda alguna van a traer consigo una mejora del bienestar general. Se trata, sin lugar a dudas, de una inversión que merece completamente la pena hacer.